A Coruña, 30 de junio de 2008.- La Unión de Consumidores y Usuarios exige que la tarifa social se establezca por nivel de renta, no por la potencia contratada. La organización está estudiando llevar al Gobierno "a los tribunales", después de que el Consejo de Ministros aprobara la supresión de la actual tarifa nocturna, cuyas consecuencias "podrían dejar a un millón de hogares en una situación de clara indefensión jurídica y quiebra patrimonial".

UCE coincide con la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) en hacer reflexionar al Gobierno acerca de las formas en las que hacer que la industria eléctrica recupere el margen tarifario deficiente que aún tiene pendiente desde que se articulara el famoso 'decretazo'. En su día, desde las familias numerosas se le exigió al Gobierno que no se penalizara con la nueva tarifa social a los hogares con tres o más hijos, pues la rebaja anunciada por el titular de la cartera ministerial de Industria, Miguel Sebastián,  favorecía a aquellas viviendas que contratasen menos de 3 kw de potencia.

Hoy es la UCE quien sale al paso de la medida. Según esta organización, "el Ejecutivo ha claudicado ante los intereses de las compañías eléctricas, lo que ha generado una falta absoluta de confianza de los consumidores en el Gobierno, que en su momento fomentó y promocionó la tarifa nocturna como una forma eficiente de consumo energético".

UCE sostiene que la eliminación de la tarifa nocturna afectará a más de un millón de hogares, que verán modificados sus contratos el 1 de julio "de forma unilateral, por imposición del Gobierno, dejándoles en una situación de clara indefensión jurídica y quiebra patrimonial".

A pesar de que el Gobierno asegura que con la nueva tarifa se aumenta el número de horas "valle" de 8 a 14, el cambio tarifario "va a suponer un incremento del coste de la electricidad durante el día de entre el 25 y 80% para estos usuarios, al quedar obligados a contratar la máxima potencia demandada", añadió UCE.

Por otro lado, criticó la falta de información al usuario, al que no se le ha explicado cómo se llevará a cabo el cambio tarifario.

Por todo ello, UCE está analizando jurídicamente la aprobación del decreto que elimina la tarifa nocturna para llevar al Gobierno a los tribunales y conseguir su anulación.

Defiende que "esta norma se aprobó sin motivación por parte del Ejecutivo, no se ha explicado a los ciudadanos, no pasó el preceptivo trámite ante el Consejo de Consumidores y Usuarios y ha generado una importante quiebra patrimonial a los abonados que tendrán que modificar sus acumuladores de calor".

UCE presentó esta semana 15.000 firmas y reclamaciones de usuarios contra la desaparición de la tarifa nocturna ante el Ministerio de Industria, CNE, Defensor del Pueblo y Grupos Parlamentarios en el Congreso.

Finalmente, la organización aludió también a la nueva tarifa social, para consumidores con menos de 3 KW de potencia contratada. En este sentido, UCE exige que el criterio de aplicación sea la renta, y no la potencia contratada.

FUENTE: DIARIO EXPANSIÓN